La Ley 30 de 1992, también conocida como Ley de Educación Superior, estableció el marco normativo para la organización del servicio público de la educación superior en Colombia. Si bien su propósito principal es la regulación del sistema educativo, la norma incluye disposiciones que abordan aspectos ambientales, como la necesidad de que las instituciones de educación superior fomenten la conciencia y el conocimiento ambiental en sus planes de estudio y actividades de investigación. Busca integrar la dimensión ambiental en la formación profesional y en la generación de conocimiento, contribuyendo a la sostenibilidad y al desarrollo del país.